POLÍTICA EN EL MAR
ISLAS MALVINAS & MAR ARGENTINO
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El primero de los intentos concretos por mejorar la relación con el gobierno de Reino Unido resultó en la frustrada conferencia de Berna de 1984. Las razones de este fracaso se vincula con la posición intransigente de la administración de Margaret Thatcher hacia cualquier negociación que incluye el tema de la soberanía de las islas. A partir de entonces, adoptó una nueva estrategia, el reemplazo de la negociación bilateral por la multilateral, fundamentalmente a través de tres foros internacionales: la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de No Alineados y las Naciones Unidas y a pesar de las resoluciones de este último organismo con el reconocimiento de sentarse a resolver la cuestión de la soberanía, la actitud del Reino Unido se mantuvo inalterable.
Durante la administración de Menem el gobierno eliminó las restricciones que impedían las importaciones del Reino Unido e Irlanda del Norte. A continuación se desarrollarán las principales medidas de gobierno:
a) se acordó formalmente el cese de hostilidades de todo tipo
b) se restablecieron las relaciones consulares
c) se creó un grupo con el objetivo de evitar incidentes en el campo militar promoviendo la cooperación y confianza (unilateralmente el Reino Unido eliminó el requisito de acuerdo previo para que los buques mercantes argentinos ingresen)
d) se estimularon las relaciones comerciales y financieras mediante la eliminación de todas las restricciones impuestas a partir de 1982 e) se reanudaron las comunicaciones aéreas y marítimas
Si bien es cierto que durante la primera etapa de gestión del canciller Di Tella, la estrategia multilateral pasó a un segundo plano, la concentración en la agenda bilateral adoptó dos vertientes: la negociación bilateral con el gobierno del Reino Unido y la negociación bilateral con los habitantes de las islas.
Luego de la etapa de crisis y cambios presidenciales que hubo con el entonces electo presidente De la Rúa en 1999 y que sucedieron cinco presidentes desde ese año hasta 2003, asume electo aquí Néstor Kirchner. Desde el comienzo de la etapa kirchnerista, las rispideces por la cuestión Malvinas se volvieron una constante en la política exterior argentina.
Entre las primeras medidas que tomaron fue la prohibición de vuelos desde el continente hacia la islas, bajo la administración del canciller Bielsa. En mayo de 2005, la inclusión de las Malvinas como territorio británico en el texto de la Constitución de la Unión Europea motivó un conflicto político interno, en el que a las quejas de la Argentina ante el Reino Unido y a la propia Unión Europea se le sumaron los cuestionamientos de la oposición por las demoras en la reacción oficial de nuestro país.
Para mediados de 2006 comenzó a insinuarse un giro en la política argentina hacia las Malvinas, anticipándose una mayor dureza por parte de nuestro país. El giro no tardó en darse a conocer: en julio se produjo un duro reclamo de la Cancillería, ahora conducida por Jorge Taiana, en el que se calificaba de "disposición ilícita y unilateral" la ampliación de las licencias pesqueras concedidas por el Reino Unido en la zona de Malvinas en tanto que los espacios marítimos "se encuentran sujetos a una controversia de soberanía", mientras que en noviembre el gobierno nacional peticionó oficialmente a la Unión Europea que reconociera "la existencia de la disputa de soberanía" sobre las islas, además de solicitar que "toda referencia a dichos territorios por parte de las instituciones europeas" reconozca la controversia mediante el uso de "la doble denominación [Malvinas/Falkland] para referirse a estos territorios".
En septiembre, la difusión de un plan británico para extender la zona económica exclusiva de las islas de 200 a 350 millas náuticas provocó una fuerte respuesta de la Argentina ante Naciones Unidas, mientras que el presidente Kirchner manifestó "su enérgico rechazo a la pretensión británica de establecer espacios marítimos en torno de dichos archipiélagos".
Después de la asunción de Cristina como Presidenta, la cuestión de los hidrocarburos retornó al primer plano en abril de 2008, cuando la Cancillería presentó una queja ante el Gobierno británico por la concesión de licencias para la exploración y explotación de yacimientos de petróleo. "La enérgica protesta ante esta acción unilateral británica responde a la firme y constante política del Gobierno ante la sucesión de acciones unilaterales británicas que, entre otros motivos, llevaron a la Argentina a dar por terminada, el 27 de marzo de 2007, la Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental referida a exploración y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de soberanía", manifestó el comunicado de la cartera de Exteriores.
En diciembre de 2009, cuando la Argentina llevó su queja por la inclusión de las islas como territorio británico en la Constitución Europea a los gobiernos de España y Portugal, en momentos en que en este último país se celebraba la Cumbre Iberoamericana. En ese discurso, la mandataria manifestó su esperanza de que "la presencia de Portugal y de España en la Unión Europea servirá para convencer a Gran Bretaña de buscar el diálogo y la solución al conflicto de Malvinas".
La crisis diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas de 2010-2014 comenzó con las exploraciones y perforaciones de gas y petróleo que el gobierno de las Islas Malvinas está llevando actualmente a cabo sobre territorio del mar del archipiélago austral.
Ello desembocó en una lucha diplomática por parte del Reino Unido y Argentina, pero por iniciativa del gobierno argentino que retomó las protestas para obtener la devolución de dichas islas británicas a manos de las jurisdicciones argentinas, Argentina llevó a cabo así un bloqueo comercial (a nivel latinoamericano y caribeño) que afectó al archipiélago austral. Debido a los reclamos y protestas que mantiene Buenos Aires, el gobierno de Londres ordenó el rearme sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas y con ello la ejecución de ejercicios militares, aunque a pesar que el gobierno argentino acusó a Gran Bretaña de militarizar la región en disputa.